19.9.08

Decisiones cobardes

Como si hubiesen puesto una pica en Flandes nos quieren vender la decisión, por unanimidad, de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que acordó ayer la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) al estimar las demandas presentadas por el Gobierno y por la Fiscalía. La determinación de la Sala viene sólo dos días después de que el alto tribunal acordara también la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV).
Desde luego que no es posible discrepar de tal decisión por resultar obvia, evidente y hasta superfluos los planteamientos, que NO son el resultado de una investigación que haya dado como fruto la averiguación de aspectos secretos y desconocidos que nos pongan de manifiesto que ANV y PCTV son la misma basura que ETA, no. Lo que ha servido como argumento "jurídico" para ambas resoluciones es, ni más ni menos, que lo que resulta evidente, manifiesto, patente y profundamente ofensivo para la ciudadanía en general y para España entera como nación soberana: las dos formaciones colaboraban abiertamente con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia de ETA y la utilización de ambas por la banda asesina.
Vaya descubrimiento! Lo que realmente clama al cielo es que para alegar lo que se alega, y argüir lo que se arguye, hayan hecho falta seis años desde su inscripción en el Registro de partidos políticos, y la sesuda puesta en comun de tantas instancias administrativas y judiciales.
La decisión llega tarde -aunque, como digo, indiscutible- y es pusilánime. De hecho, aunque se pretende que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala sentenciadora" y que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario", las actas de diputado, sin embargo, seguirán perteneciendo a sus titulares hasta que el año próximo se celebren nuevos comicios en la Comunidad.
Cualquier persona con dos dedos de frente llegará a la misma conclusión que expongo: o se es parte de una banda terrotista y, en su virtud, ilegal para ejercer cualquier derecho político, o no se es. Y en caso afirmativo ¿cómo una banda terrorista de asesinos puede tener representantes legales en un parlamento español hasta las próximas elecciones?
No sólo es que resulte absurdo y contradictorio el planteamiento, no. Es que, amén de forzar su eliminación política, a los colaboradores con una banda armada, segun nuestro propio Código Penal, SE LES ENCARCELA Y SE LES PROCESA. Es de cajón.