4.4.08

Policía Judicial

Lejos de constituir un cuerpo independiente de policía, la policía judicial la representan todos los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que, adscritos a funciones judiciales, son empleados para la investigación de los delitos, la averiguación del paradero de los delincuentes, el transporte de presos y detenidos para las diligencias de instrucción de los juzgados, etc.
A ellos se encomiendan todas estas labores, así como la de la custodia y protección de los "testigos protegidos" para, a buen recaudo, tenerlos prestos para declarar como testigos de cargo contra el delincuente para el que su testimonio, constituirá la prueba determinante de su culpabilidad. Estas son sus labores, sí, pero a parte de hacerlo motu proprio, deben funcionar, es decir, activarse, a impulso de los jueces y del Ministerio Fiscal. Si éstos no impulsan su actividad, la policía, en funciones judiciales o cualesquiera otras, rara vez funciona.
Recuerdo el caso de una niña cercana que fue brutalmente agredida por un moro bastardo que le propinó tal descomunal botellazo en la cabeza que casi la mata. No lo hizo por mor de la Providencia, pero le destrozó el cráneo dejando terribles cicatrices de por vida. Cuando sus padres acudieron a la Comisaría para averiguar el estado de las "investigaciones" los policías encargados del asunto les dijeron que el caso se había sobreseído y archivado pues no habían encontrado a los autores. La pregunta inmediata por parte del padre fue: "¿Pero los han buscado?"
Y la respuesta, también inmediata, fue: "NO", mientras se bebía una lata de cerveza y apuraba un cigarrillo.
Hoy día este asunto sigue sin resolverse pero si existe un procesado, el bastardo moro, lo es porque la familia se tomó un interés extraordinario y facilitó al juzgado los nombres de los autores, que ya han sido reconocidos por los acompañantes de la víctima sin ningún género de dudas. Tan sencillo como eso. Ya que la agresión fue en un lugar público es sencillo preguntar a los empleados del local, los acompañantes de la víctima, los guardias de seguridad del recinto, etc. Y generalmente se consigue la información. La familia de esta niña lo consiguió en tres días, y en tres ocasiones distintas ha debido combatir con la juez que una vez tras otra intenta sobreseer y archivar el asunto.
Ahora, el Tribunal Supremo en una Sentencia en la que critica la negligencia de la Policía Judicial, la Fiscalía y a un Tribunal de la Audiencia Nacional, se ve obligado a revocar y anular una condena a 30 años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional a un terrorista de los Grapo por el asesinato de un policía nacional.
El terrorista ahora absuelto es Marcos Martín Ponce. Fue juzgado por la Audiencia Nacional el 25 de julio de 2007 acusado de asesinar en Madrid, el 17 de noviembre de 2000, al agente de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Sanz Morales, de 28 años de edad.
Una testigo directa de los hechos, cuya comparecencia en el juicio era esencial porque en su día identificó fotográficamente "sin ningún género de dudas" al acusado como la persona que disparó por la espalda al agente, no fue localizada por la Policía Judicial pese a tener el estatus de testigo protegido. La Policía se limitó a buscarla en el colegio donde trabajaba pero, al ser el mes de julio, el centro estaba cerrado.
Ahora, nos dirán, "nadie debe tomarse la justicia por su mano..."
Es la grandeza de la democracia.